Salamanca tiene, entre la capital y la provincia, más de cuatrocientas oficinas de farmacia, la mayoría situadas en pueblos con muy pocos habitantes y con poca rentabilidad económica. Según fuentes consultadas por Besana, los farmaceúticos de estos pueblos pequeños, que son mayoría, se negaron a hacer las guardias correspondientes a no ser que recibieran una compensación económica. La Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, que tiene trasferidas las competencias sanitarias, no aceptó la propuesta y los farmaceúticos decidieron en votación no realizar las tradicionales guardias. Alguna farmacia, como la de Villoria, sigue proporcionando el servicio a los pacientes durante la semana que le corresponde, ya que su titular tiene domicilio fiscal y vivienda en nuestro pueblo.
En realidad, el tema de las farmacias es la punta del iceberg de un problema mucho mayor que afecta a todo el sistema sanitario español: la falta de recursos económicos y la necesidad, como dijo la ministra Trinidad Jiménez, de «garantizar la sostenibilidad del sistema». La gravedad de la situación quedó demostrada el pasado 18 de marzo durante el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, cuando todos los Consejeros de las Comunidades Autónomas y la Ministra de Salud acordaron la reducción del gasto en mil quinientos millones de euros. Pocas veces coinciden unánimemente en una medida de este tipo el Gobierno Central y todas las Comunidades Autónomas.
Aunque sólo son elucubraciones, se comenta que la crisis económica que padecemos acabará afectando a otros muchos servicios que recibimos los ciudadanos, como las guardias de los médicos o los servicios de la Guardia Civil en el medio rural. La tendencia se dirige a centralizar los servicios. De hecho, en el Cuartel de la benemérita de Villoria ya no reside ningún funcionario de este Cuerpo. Esperemos que los habitantes de los pueblos no tengamos que sentirnos como ciudadanos de segunda.