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La noticia no tiene desperdicio y aunque sea a nivel nacional, una página humilde como la nuestra no la puede dejar pasar por alto: El Tribunal Superior de Andalucía ha dictado sentencia y ordena al Ayuntamiento del pueblo sevillano de Castilleja de Guzmán a pagar en una plazo máximo de treinta días una deuda pendiente con una empresa. En caso contrario, su Alcalde se considerará como responsable subsidiario de dicha deuda y tendrá que hacer frente a ella con sus bienes personales.
La noticia tiene su miga. No sabemos si la sentencia puede o no crear jurisprudencia, pero lo que si es cierto es que pone a los máximos mandatarios municipales en el punto de mira de la Justicia. A partir de ahora se lo tendrán que pensar muy mucho a la hora de gestionar el dinero público.
La ley de Jurisdicción Contencioso- Administrativa ya contemplaba la posibilidad de que el primer edil y el secretario del Ayuntamiento pudieran responder con su patrimonio frente a las deudas municipales derivadas de una mala gestión. Si embargo, en ningún caso se había llegado a este extremo dado que los Ayuntamientos podían acceder con cierta facilidad a créditos municipales.
Pero las cosas han cambiado, y con la entrada en vigor de la Ley de Morosidad hace poco más de un mes, las administraciones públicas deberán pagar a sus proveedores en un plazo máximo de treinta días. Si no lo hacen así, las empresas podrán in contra el Ayuntamiento y en último caso, si no puede hacer frente a la deuda, lo podrá hacer contra los bienes personales del máximo regidor como lo han hecho en ese pueblo sevillano.
Como quiera que a partir del año 2011 los consistorios tienen prohibido endeudarse, más de un regidor se lo pensará a la hora gestionar «alegremente» el dinero público.
Pero cada vez que se generaliza casi siempre se cometen injusticias. Seguramente habrá alcaldes que hayan sido unos malos gestores, unos corruptos, unos irresponsables, unos manirrotos, pero también habrá quien lo haya hecho bien, incluso teniendo que pagar a sesenta o noventa días, incluso pidiendo créditos que luego ha devuelto religiosamente. Ahora éstos y sus Ayuntamientos también saldrán perjudicados por la mala cabeza de otros, y con ellos sus pueblos y sus ciudadanos.
Concluimos con un par de reflexiones más: a partir de ahora los alcaldables se lo van a pensar un poco más. Si ya era difícil buscar cabeza a las listas electorales ahora lo va a ser más, sobre todo en pueblos pequeños donde este cargo no está remunerado.
Por otro lado, sería buena que esta medida se aplicase también en otras administraciones a más alto nivel y que manejan mucho más dinero, despilfarrado y derrochado a espuertas, donde la mala gestión está a la orden del día y a la que nadie pone freno. ¿Lo harán?. Me temo que no.
T.C.
