Después de mucho tiempo advirtiéndonos que este día llegaría, lo único que el Gobierno ha hecho es prometer, que mientras ellos estén no habrá ruptura de España -medida electoralista jugando con la unidad del país- porque la Ley se aplicará y cada resolución que salga del Govern de Cataluña será impugnada y el Constitucional resolverá.
Estos días, quienes creen estar legitimados por las urnas a seguir adelante con la insumisión o desobediencia al estado español, han procedido a la desconexión -que palabras utilizan ¿eh?-, aprobando por mayoría absoluta, el inicio del proceso de creación del estado catalán independiente en forma de república. Es decir la independencia en diferido como un famoso despido ¿no os suena?
Este proceso insta al Govern de la Generalitat, entre otras cosas, a mantener obediencia exclusiva a las normas y leyes emanadas del Parlament, y por tanto desobediencia al Tribunal Constitucional.
Ahora le toca al Gobierno de España que ha procedido a impugnar, por medio de un recurso ante el Constitucional, la resolución aprobada por el Parlament de Cataluña. Como dicha resolución es de desobediencia a todo lo que venga por parte del estado español, no harán caso. Y ya tenemos el cisco preparado.
Creo recordar que la democracia es el Sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes. Nosotros no elegimos a los jueces. Estos, son elegidos para aplicar las leyes previamente aprobadas en el parlamento. Es decir, los jueces no gobiernan.
Nos encontramos ante el reto más importante que hay en la actualidad nacional española sin menospreciar el paro y otros afectados por la crisis y lo único que se les ocurre es la aplicación de la ley. Los políticos están para solucionar los problemas. No para crearlos.
No se puede dividir y mucho menos enfrentar, romper una comunidad, nación, país como se quiera llamar, por la incompetencia de nuestros responsables políticos.
No se puede jugar con las personas para obtener ventajas partidistas y así poder conservar su escaño para seguir tapando sus respectivos casos de corrupción –que haberlos haylos- y muchos.
El problema que existe en Cataluña no es un problema de legalidad sino político, y como tal debe solucionarse. Siéntense, hablen, negocien y soluciónenlo antes de que sea demasiado tarde. Y si no son capaces; váyanse.
MpP